Los detalles del proyecto del Gobierno para urbanizar 4228 villas de todo el país

Lo impulsa el Ministerio de Desarrollo Social. Propone la expropiación de las tierras y la realización de acuerdos con los habitantes para la entrega de escrituras
Imágen panorámica de la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro (AP)
Imágen panorámica de la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro (AP)

En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.

En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.

La iniciativa comenzará a discutirse en las comisiones en los próximos días y propone que se declare “la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles” que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)  para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.

Mapa de asentamientos en todo el país: Buenos Aires, con 1656, es la provincia que más tiene; La Pampa, con 4, la que menos tiene (Ministerio de Desarrollo Social)

Mapa de asentamientos en todo el país: Buenos Aires, con 1656, es la provincia que más tiene; La Pampa, con 4, la que menos tiene (Ministerio de Desarrollo Social)

Según el proyecto, al que accedió Infobae, la tarea de la AABE será “individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las
viviendas”.

En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo al relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.

Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por dos años. Según el Gobierno, será un proceso “que puede durar años”, y los títulos de propiedad se realizarán en base a los Certificados de Vivienda Familiar, instrumentados por la ANSES, que se comenzaron a entregar a los habitantes censados en junio del año pasado.

Con este certificado se puede acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Hasta el momento, ya fueron entregados 94.692 certificados.

DATOS

Según información del Registro Nacional de Barrios Populares, el 68% de los barrios tienen menos de 150 familias; el 55% se desarrolló previo al 2000, el 26% durante la década del 2000, el 14% entre 2010 y 2013, y el 4% entre 2014 y 2016.

Gentileza de infobae
Por Patricio Tesei

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